La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de la madre y el padrastro de la víctima, quienes habrían coordinado un sistema de tortura, abuso y cautiverio que se prolongó durante nueve años.
Un ciclo de violencia sistemática en Praderas de Santa Rita
En un operativo que ha conmocionado a la capital del Tolima, las autoridades desarticularon un entorno de violencia intrafamiliar extrema en el sector de Praderas de Santa Rita. Una pareja fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser señalada como responsable de someter a una menor de edad a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde que esta tenía apenas ocho años.
Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación revelan un escalofriante historial que comenzó en 2016. Según la investigación, la madre de la víctima no solo habría permitido, sino que fue cómplice de las agresiones sistemáticas perpetradas por su compañero sentimental contra su propia hija.
Esclavitud moderna y tortura: El “modus operandi” del horror
La gravedad del caso radica en la sevicia de los métodos utilizados para doblegar la voluntad de la menor. La Fiscalía estableció que el padrastro, además de cometer abusos sexuales recurrentes, utilizaba la tecnología como herramienta de chantaje:
• Registro fílmico: Grababa los vejámenes para generar vergüenza y silencio en la víctima.
• Cautiverio y cadenas: Se presentaron evidencias de que la joven era encerrada y encadenada dentro de la vivienda como “castigo” por entablar vínculos de amistad.
• Atentados contra la vida: La menor fue obligada a abortar en dos ocasiones sin asistencia médica, producto de los abusos sufridos, poniendo en riesgo inminente su integridad física.
“Este caso representa una de las formas más agudas de violencia de género e infancia, donde el hogar, que debió ser un refugio, se transformó en una cárcel de tortura”, señalaron fuentes judiciales cercanas al proceso.
Cargos imputados y contundencia judicial
Tras una diligencia de registro y allanamiento coordinada con la Policía Nacional, en la que se incautaron dispositivos móviles clave para la investigación, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó una serie de delitos de extrema gravedad:
1. Acceso carnal violento agravado.
2. Tortura agravada.
3. Pornografía con personas menores de 18 años.
4. Aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.
5. Violencia intrafamiliar agravada.
Pese a la contundencia de las pruebas y los testimonios, los procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, dada la peligrosidad que representan para la sociedad y la víctima, un juez de control de garantías ordenó su traslado inmediato a un establecimiento carcelario mientras avanza el juicio que podría culminar en una de las penas más altas para este tipo de delitos en la región.
