El gobierno de Abelardo de la Espriella marcó su primera gran decisión en materia penitenciaria: trasladar a la influencer Daneidy Barrera Rojas desde una guarnición militar en Bogotá hasta el complejo carcelario de Ibagué. Un movimiento que cierra un capítulo de polémicas y abre otro de escrutinio público en el corazón del Tolima.
El viernes 7 de agosto, mientras Colombia conmemoraba la posesión presidencial, una decisión silenciosa pero de alto impacto político y judicial se ejecutó en las entrañas del sistema penitenciario: Daneidy Barrera Rojas, la creadora de contenido conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros en Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña.
La orden, confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), llegó directamente del despacho del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella, marcando lo que muchos analistas interpretan como el primer gesto de su administración frente a los casos que han generado controversia pública en materia de justicia y privilegios carcelarios.
Un contraste entre dos mundos carcelarios
El traslado no es un simple cambio de geografía. Representa un cambio sustancial en las condiciones de reclusión de Barrera Rojas. Durante los últimos meses, la empresaria permaneció bajo un esquema especial en la Escuela de Carabineros, una medida que inicialmente se justificó por razones de seguridad personal, pero que con el tiempo se convirtió en foco de críticas por supuestas comodidades que la alejaban del régimen ordinario de prisión.
La Picaleña, en cambio, es un centro de alta y media seguridad con un régimen carcelario convencional. Cuenta con un pabellón destinado a la población femenina, donde Barrera Rojas deberá cumplir el resto de su condena bajo las mismas condiciones que el resto de las internas, sin los beneficios extraordinarios que caracterizaron su estancia en la capital.
Una condena que marcó un precedente
El caso de ‘Epa Colombia’ se convirtió en un referente judicial en el país. Capturada en enero de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia, Barrera Rojas fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por su papel protagónico en los actos vandálicos ocurridos durante el paro nacional de noviembre de 2019.
La sentencia, ratificada en firme por la Sala de Casación Penal del alto tribunal, la encontró responsable de tres delitos: instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y obstrucción de vías públicas que afectaron el transporte masivo en Bogotá. El caso cobró especial relevancia porque ella misma documentó y difundió en redes sociales los hechos que luego la llevarían a la cárcel.
