La atención a la emergencia en el asentamiento Los Álamos ha pasado a una nueva fase legal y administrativa.
Tras una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la alcaldesa Johana Aranda anunció la declaratoria de Calamidad Pública, una medida jurídica que permitirá al Gobierno Local disponer de recursos y ejecutar acciones de manera inmediata para atender a las más de 90 familias damnificadas.
¿Qué significa esta declaratoria?
Lejos de ser un simple trámite, la Calamidad Pública funciona como una “llave” que abre puertas a nivel departamental y nacional. Según las autoridades, esta decisión busca eliminar las barreras burocráticas para implementar un Plan de Acción Específico que responda a la magnitud del incendio ocurrido el pasado sábado.
El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (E), Humberto Leal, explicó que la hoja de ruta se centrará en cuatro frentes prioritarios:
Seguridad: Vigilancia permanente en la zona afectada.
Vivienda: Entrega de subsidios de arrendamiento temporales.
Protección del terreno: Acciones para evitar que el área sea ocupada nuevamente en condiciones de riesgo.
Gestión de recursos: Articulación directa para recibir apoyo económico de la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional.
Respaldo institucional
La decisión fue tomada por unanimidad en un consejo donde participaron secretarios de despacho, gerentes de institutos descentralizados y organismos de socorro. “Seguimos del lado de la comunidad; esta herramienta es necesaria para llevar a cabo las acciones que las familias necesitan con urgencia”, manifestó Jean Pineda, director de Bomberos.
Con este marco legal, la Alcaldía de Ibagué podrá agilizar la contratación de servicios y la compra de suministros necesarios para restablecer condiciones dignas de vida a los 182 ciudadanos, entre ellos 78 menores de edad, que resultaron afectados por la conflagración.
