Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), la Administración Municipal reconoció las fallas que arrastra la entidad y manifestó su disposición para colaborar con la agente interventora designada.
A través de un comunicado, la Alcaldía confirmó que la Supersalud tomó posesión administrativa de la USI y ordenó la salida inmediata de la gerente Yennifer Nadia Guzmán, quien apenas cumplía dos meses en el cargo. La decisión se fundamentó en múltiples auditorías que evidenciaron graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que comprometían la seguridad de los usuarios y la prestación del servicio.
En su mensaje oficial, la Alcaldía buscó deslindarse de la crisis, insistiendo en que los problemas de la USI no son recientes y se vienen acumulando desde administraciones anteriores. “La situación que hoy enfrenta la USI responde a dificultades acumuladas durante años (…) Desde el inicio de este gobierno hemos alertado sobre la complejidad del panorama”, señaló la administración Aranda, al tiempo que aseguró estar adelantando gestiones para mitigar los impactos en la atención.
La Supersalud, además de retirar a la gerente y a la Junta Directiva, designó a Edilma Isabel Hurtado Cardona como agente especial interventora, quien asumirá funciones de representante legal y administradora de la entidad. Sin embargo, su nombramiento generó incomodidad en el gobierno local, pues Hurtado es considerada una figura cercana políticamente a los hermanos Mauricio y Guillermo Jaramillo, lo que en algunos sectores se interpreta como una posible retaliación del ministro de Salud hacia la clase política de Ibagué.
No obstante, durante la administración de Andrés Hurtado y la actual de Johana Aranda, la USI ha tenido señalamientos sobre presuntos favorecimientos a contratistas, retrasos en pagos de nómina, fallas técnicas y cierre de puestos de salud, situaciones que también explican el deterioro del servicio y el alcance de la intervención.
La Alcaldía cerró su pronunciamiento enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y garantizando la continuidad de la atención. “Los servicios de la USI continuarán operando, y estaremos en comunicación permanente con las autoridades nacionales para asegurar un proceso ordenado, transparente y orientado al bienestar de la comunidad”.
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