Bogotá, Colombia. La minería ilegal en el sur del Tolima se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados, dejando a su paso no solo millonarias ganancias ilícitas, sino también un profundo impacto social y ambiental en la región.
Así lo advirtió la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante su intervención en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, donde expuso la magnitud de esta problemática que afecta a varios municipios del departamento.
Un negocio más rentable que el narcotráfico
Durante el panel sobre minería ilegal y degradación de ecosistemas, la mandataria reveló que las estructuras ilegales estarían obteniendo más de $7.000 millones mensuales a partir de la extracción ilícita de oro.
Según explicó, la rentabilidad de esta actividad ha superado incluso al narcotráfico, debido al alto valor del oro en el mercado. Mientras un gramo de este mineral puede alcanzar los $550.000, el de cocaína se comercializa por cerca de $10.000, lo que ha llevado a los grupos ilegales a migrar hacia esta economía.
A esto se suma el cobro de extorsiones a quienes ingresan maquinaria a la zona, con exigencias que van desde los $5 hasta los $8 millones, además de un porcentaje de la producción.
Un territorio que paga las consecuencias
Más allá de las cifras, la gobernadora hizo énfasis en el impacto que esta actividad deja en el territorio. La llegada de la minería ilegal ha traído consigo pobreza, deterioro ambiental y problemáticas sociales como la prostitución, enfermedades, violencia y extorsión.
“Mientras los grupos ilegales se quedan con las ganancias, el territorio se queda con el daño”, fue el mensaje que marcó su intervención.
Control territorial y desafíos operativos
Matiz también señaló que esta situación está ligada a problemas de seguridad y control territorial, debido a la presencia de disidencias de las Farc en la zona, que estarían detrás de estas actividades.
Entre los principales retos, destacó las dificultades para frenar el ingreso de maquinaria pesada, ya que en muchos casos los vehículos presentan documentación en regla, lo que limita la acción inmediata de las autoridades.
Además, indicó que los grupos ilegales han abierto rutas alternas por trochas para evitar los controles, facilitando la expansión de esta actividad.
Respuesta institucional
Frente a este panorama, la mandataria explicó que una de las primeras acciones fue visibilizar el problema a nivel nacional, lo que permitió el acompañamiento del Ministerio de Defensa y la implementación de estrategias conjuntas con la Fuerza Pública.
Aunque reconoció que aún falta camino por recorrer, aseguró que se han logrado avances en la contención del fenómeno.
El llamado de las autoridades es a mantener la articulación institucional y reforzar las acciones para proteger el territorio, en medio de una problemática que sigue creciendo y que hoy representa uno de los mayores desafíos para el sur del Tolima.
