Según información de las autoridades, el exsenador fue capturado a la altura del municipio de Ponedera (Atlántico), cuando unidades de la Policía lo requirieron en un puesto de control.
El condenado, de 72 años, es administrador de empresas y oriundo de Corozal, Sucre. A lo largo de su trayectoria pública se desempeñó como dirigente gremial del sector ganadero y ocupó cargos diplomáticos como embajador de Colombia en Canadá, entre 2004 y 2006, y en Perú, entre 2010 y 2012.
En agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la condena contra Jorge Visbal Martelo a nueve años de prisión por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con el alto tribunal, Visbal Martelo asistió a reuniones con estructuras paramilitares en el departamento de Córdoba mientras ejercía como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), entre 1998 y 2005, y como integrante de la Comisión de Paz.
En su fallo, la Corte señaló que el exdirigente gremial no solo mostró afinidad con la organización armada ilegal, sino también cercanía con su entonces jefe, Carlos Castaño Gil. Según el expediente, incluso habría sugerido la expansión del grupo hacia zonas de actividad ganadera que, en ese momento, registraban presencia guerrillera.
La Corte también le atribuyó un presunto rol en el financiamiento de las AUC. Según las investigaciones, Visbal Martelo habría pagado cuotas para el sostenimiento del grupo a cambio de seguridad y habría integrado el denominado “Grupo de los Doce”, una instancia política que asesoraba a Carlos Castaño.
En paralelo, en junio de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Visbal Martelo en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública y tercero civil. La decisión se fundamentó en la falta de aportes “exhaustivos, inéditos y representativos a la verdad” sobre su presunta relación con estructuras paramilitares.
“La Sala consideró que su nivel de participación e incidencia en asuntos del conflicto armado en zonas ganaderas del país, dada la relevancia de los cargos que desempeñó durante un tiempo considerable, no se compadece con su escaso aporte a la verdad”, señaló la JEP, al advertir que se esperaba mayor información sobre crímenes cometidos en Córdoba y otros hechos de alcance regional y nacional.
