Una fuerte polémica sacude al sistema penitenciario del país luego de conocerse que un cantante vallenato habría ingresado a la cárcel de Itagüí, en Antioquia, para participar en una presunta parranda organizada por internos vinculados a estructuras criminales.
Las denuncias surgieron tras la divulgación de imágenes y videos que evidenciarían la presencia del artista Nelson Velásquez en el establecimiento penitenciario. Según versiones conocidas, la presentación habría sido contratada por cabecillas del crimen organizado recluidos en el penal, presuntamente relacionados con la llamada Oficina de Envigado.
La situación generó indignación en redes sociales y cuestionamientos sobre los controles al interior del sistema carcelario colombiano, especialmente por tratarse de un centro penitenciario donde permanecen detenidos varios jefes de organizaciones criminales del Valle de Aburrá.
Inpec confirma ingreso del artista
Tras conocerse la denuncia pública, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el artista sí ingresó al establecimiento penitenciario de Itagüí.
Sin embargo, la entidad aclaró que la actividad no fue autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ni por la Dirección General del instituto, por lo que se iniciaron verificaciones internas para esclarecer lo ocurrido.
Medidas inmediatas tras el escándalo
Luego de revisar la situación, el Inpec anunció una serie de decisiones disciplinarias:
- Cambio inmediato del director encargado de la cárcel de Itagüí.
- Traslado del comandante de vigilancia del penal.
- Apertura de investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante el ingreso del artista.
- Intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento penitenciario.
Las autoridades buscan determinar quién autorizó el ingreso del cantante, cómo se organizó la actividad y si se vulneraron normas del régimen carcelario.
Indignación y debate nacional
El caso ha generado un intenso debate en el país, ya que la presunta parranda se habría realizado mientras varios de los internos participan en procesos de negociación o sometimiento a la justicia, lo que ha despertado críticas de diferentes sectores que cuestionan posibles privilegios dentro de las cárceles.
Por ahora, el Inpec continúa con la investigación interna para establecer responsabilidades y determinar si hubo irregularidades en los controles de seguridad del penal.
