El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de seis años de prisión contra el exalcalde de Alvarado, Yesid Fernando Torres Ramos, por irregularidades en la contratación de un programa de mejoramiento de vivienda urbana en ese municipio.
El proceso judicial se relaciona con hechos ocurridos entre mayo y septiembre de 2014, cuando el entonces mandatario municipal tramitó y firmó 12 contratos de prestación de servicios para vincular personal encargado de realizar mejoras en seis viviendas urbanas dentro del programa denominado Bloquera Solidaria.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía establecieron que dichos contratos se realizaron sin cumplir los requisitos legales, y que fueron firmados a nombre de un tercero que nunca presentó propuesta ni participó realmente en el proceso contractual. Además, su firma habría sido falsificada en los documentos contractuales y en los endosos de los cheques expedidos a su nombre.
Durante el proceso también se evidenció que el exalcalde suscribió actas de inicio, adición y liquidación del contrato indicando reuniones con el supuesto contratista, encuentros que según la investigación nunca se realizaron.
Las autoridades judiciales concluyeron que Torres Ramos se apropió de parte de los recursos del proyecto, cerca de seis millones de pesos, beneficiándose a sí mismo y a terceros. Además, se determinó que las personas que finalmente realizaron las obras recibieron pagos inferiores a los establecidos en los contratos.
El caso también involucró a otros dos exfuncionarios de la administración municipal. Carlos Fernando Cortés Ayala, exjefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura, fue condenado a cinco años de prisión, mientras que Luis Enrique Corral Guzmán, quien se desempeñaba como jefe de Servicios Públicos, recibió una pena de cuatro años por su participación en las irregularidades.
Los tres exfuncionarios fueron hallados responsables de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, de acuerdo con su grado de participación en los hechos.
Con la reciente decisión del Tribunal Superior de Ibagué, la condena contra el exmandatario quedó en firme, cerrando así uno de los procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública del municipio de Alvarado.
El caso generó repercusiones en el ámbito político y administrativo del norte del Tolima, al tratarse de un programa destinado al mejoramiento de viviendas urbanas para familias del municipio, cuyos recursos terminaron comprometidos por las irregularidades detectadas durante la investigación.
