La Fiscalía aseguró que el mandatario habría solicitado dinero y favores laborales para facilitar la expedición de un permiso de construcción
La Fiscalía General de la Nación confirmó este jueves 7 de mayo de 2026 la captura del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, en medio de una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados al trámite de una licencia de construcción para un proyecto urbanístico en ese municipio.
La diligencia judicial fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Dirección Especializada contra la Corrupción, luego de que las autoridades recopilaran elementos materiales probatorios y evidencia digital que comprometerían al mandatario local.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el alcalde habría sostenido reuniones presenciales y conversaciones mediante mensajes de texto y notas de voz con la representante legal de una empresa de inversiones interesada en desarrollar un proyecto urbanístico en la zona.
Según la hipótesis del ente investigador, inicialmente el funcionario habría solicitado la contratación de una persona cercana a él. Posteriormente, presuntamente pidió mejorar las condiciones salariales de dicha persona y finalmente habría exigido dinero a cambio de agilizar y facilitar la expedición de la licencia de construcción requerida por la compañía.
Para la Fiscalía, estas actuaciones representarían un posible abuso de poder y una extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas, situación por la cual el mandatario será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura y la imputación de cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
El caso ha generado fuerte impacto político y social en Villa de Leyva, considerado uno de los destinos turísticos y patrimoniales más importantes del país. En los últimos años, el municipio ha experimentado un crecimiento significativo en proyectos inmobiliarios y urbanísticos, lo que ha incrementado el debate sobre el control territorial, la planeación urbana y la transparencia administrativa.
La investigación también pone nuevamente en el centro de atención las presuntas irregularidades relacionadas con trámites urbanísticos en diferentes regiones de Colombia, especialmente en municipios con alta valorización turística y comercial.
Aunque el proceso judicial apenas inicia, la Fiscalía sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para avanzar en la judicialización del alcalde. Entretanto, el mandatario deberá responder ante la justicia por las conductas que se le atribuyen y será un juez quien determine su situación jurídica en las próximas horas.
