La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener tarjetas de crédito y otros productos financieros de manera fraudulenta en distintas ciudades del país.
De acuerdo con la investigación, la organización operaba a nivel nacional, principalmente en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué, donde utilizaba información personal de las víctimas y registros dactilares para cometer los delitos.
Los procesados fueron identificados como Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales, quienes presuntamente cumplían diferentes roles dentro de la estructura criminal.
Según el material recopilado por las autoridades, los implicados elaboraban huellas dactilares de látex y documentos de identidad adulterados, con los que lograban suplantar a ciudadanos para solicitar tarjetas de crédito y superar los controles biométricos exigidos por las entidades financieras.
La investigación también evidenció que la organización contactaba asesores de tarjetas de crédito en entidades bancarias, a quienes presuntamente ofrecía hasta el 50 % del dinero obtenido a cambio de aceptar la cédula de un supuesto cliente que en realidad no correspondía con la persona que realizaba el trámite.
De esta manera, los funcionarios que aceptaban participar en la modalidad delictiva permitían que el suplantador realizara el proceso sin generar alertas en el sistema, facilitando la aprobación de los productos financieros.
En la mayoría de los casos, el suplantador acudía personalmente a la entidad bancaria con las huellas de látex, mientras el funcionario encargado aprobaba el trámite en el sistema. Posteriormente, la tarjeta de crédito quedaba en poder de los integrantes de la organización, quienes la utilizaban para realizar compras, avances o retiros en cajeros automáticos.
Entre los judicializados se encuentra Lina María Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en una entidad bancaria y presuntamente facilitaba la aprobación de tarjetas de crédito y otros productos financieros.
Las autoridades lograron establecer al menos 25 hechos delictivos, mediante los cuales la red se habría apropiado de aproximadamente 274 millones de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con sus presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Durante las audiencias judiciales, dos de los investigados aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, los seis deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
