Bogotá, Colombia. Una investigación de alto impacto se adelanta en la capital del país tras la desaparición de 393 armas de fuego que estaban bajo la custodia de tres empresas de seguridad privada, un hecho que encendió las alarmas en el sector y ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las licencias de las compañías involucradas —Águila de Oro, Laucris Security y Helam— luego de detectar graves irregularidades en el control y manejo del armamento.
Un solo responsable del inventario
Las primeras indagaciones revelaron que las tres empresas compartían, mediante un acuerdo de colaboración, a un mismo coordinador de activos: Elkin David Polanco Pérez, quien tenía acceso directo al armamento de las compañías.
Este tipo de convenio no está permitido, lo que generó las primeras alertas. Polanco Pérez era el encargado de custodiar las armas, llevar los registros, verificar su estado y garantizar su trazabilidad, funciones clave para el control del material bélico.
La desaparición de las armas
El caso tomó fuerza cuando el funcionario salió a vacaciones el 31 de diciembre y no regresó a sus labores en enero, sin responder a llamadas ni requerimientos.
Ante su ausencia, las empresas iniciaron una revisión interna que dejó al descubierto la magnitud del problema:
- Águila de Oro: 275 armas desaparecidas
- Helam: 104 armas
- Laucris Security: 14 armas
En total, 393 armas cuyo paradero hoy es desconocido, lo que representa un riesgo significativo en términos de seguridad.
Investigación en curso
Aunque las empresas reportaron inicialmente la situación, fue una inspección realizada por la Supervigilancia en febrero la que confirmó la gravedad del caso.
Actualmente, la investigación penal está en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el proceso administrativo podría extenderse hasta por tres años.
Preocupación por control de armas
El caso reabre el debate sobre el control del armamento en Colombia y los mecanismos de supervisión sobre las empresas de vigilancia privada.
Desde la Superintendencia se indicó que este tipo de actuaciones buscan garantizar la legalidad del sector y evitar que recursos como armas de fuego terminen en manos de estructuras ilegales.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el destino del armamento desaparecido y determinar posibles responsabilidades en este caso que ha generado preocupación a nivel nacional.
