El Gobierno del Tolima anunció un paquete de medidas contundentes para enfrentar el multimillonario negocio de la minería ilegal en el sur del departamento, una problemática que ha venido escalando en los últimos años y que hoy impacta la seguridad, el orden público y el tejido social de la región.
La gobernadora Adriana Magali Matiz, junto a altos mandos de la Fuerza Pública y autoridades ambientales, presentó las nuevas estrategias que incluyen la prohibición de circulación de maquinaria pesada, controles estrictos a la comercialización de oro y combustible, así como acciones de contrainteligencia para prevenir posibles actos de corrupción.
Prohibición total de maquinaria pesada
Una de las decisiones más relevantes es la restricción absoluta al tránsito de maquinaria amarilla y vehículos de carga superior a 25 toneladas en los corredores que conectan los municipios de Coyaima, Ataco, Planadas y Chaparral.
Esta medida, respaldada por normativa vigente y reforzada con el acompañamiento del Ministerio de Transporte, busca no solo frenar el avance de la minería ilegal, sino también proteger la vida de los habitantes y la infraestructura vial de la región.
Las autoridades tendrán ahora plena facultad para detener este tipo de vehículos en los corredores viales estratégicos.
Control al combustible y comercialización de oro
Otro de los frentes clave es el control al suministro de gasolina, insumo fundamental para el funcionamiento de retroexcavadoras utilizadas en la explotación ilícita.
Según la mandataria, la presencia de más de 300 máquinas en municipios como Ataco y Chaparral evidencia la magnitud del fenómeno, por lo que se intensificaron los controles sobre la distribución de combustible en la zona.
De igual forma, se adelantan labores de inteligencia sobre establecimientos de compra y venta de oro, con el objetivo de identificar y desarticular las cadenas de comercialización del mineral extraído ilegalmente.
Impacto en la seguridad: cifras que alarman
El crecimiento de la minería ilegal también ha traído consigo un deterioro en la seguridad. Solo en el municipio de Ataco, las cifras de homicidios evidencian un incremento preocupante: seis casos en 2024, doce en 2025 y diez en lo corrido de 2026.
Las autoridades atribuyen este aumento a la llegada masiva de personas provenientes de otras regiones, estimada en cerca de cinco mil individuos, lo que ha generado tensiones sociales y mayor presencia de estructuras criminales.
Contrainteligencia y rotación de uniformados
En un mensaje directo a la Fuerza Pública, la gobernadora solicitó activar mecanismos de contrainteligencia y establecer la rotación permanente de uniformados en la zona, con el fin de evitar posibles hechos de corrupción que puedan facilitar la operación de estas redes ilegales.
La estrategia cuenta con articulación institucional entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aeroespacial, Cortolima y las alcaldías del sur del Tolima.
Un frente integral contra un negocio ilícito
Con estas acciones, el departamento busca atacar de manera estructural la minería ilegal, no solo desde el componente operativo, sino también financiero, logístico y de control territorial.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es frenar una economía ilícita que no solo genera millonarias ganancias ilegales, sino que también afecta gravemente el medio ambiente, la seguridad y la estabilidad social en el sur del Tolima.
