Un operativo contra la minería ilegal en el sur del Tolima dejó un fuerte impacto sobre las economías ilícitas que operan en la región. La intervención, adelantada en el municipio de Ataco, permitió la destrucción de maquinaria y la afectación directa de las finanzas de grupos armados ilegales.
La información fue dada a conocer por la gobernadora del Tolima, quien señaló que esta acción hace parte de la estrategia “Por Ataco Verde Nuevo”, enfocada en la protección del medio ambiente y el control de actividades extractivas ilegales.
Maquinaria destruida y producción afectada
Durante el operativo, las autoridades intervinieron seis unidades de producción minera ilegal y lograron:
- Destruir 15 máquinas amarillas
- Inmovilizar 2 más cuando intentaban salir del municipio
- Destruir 5 motores industriales
Según las cifras oficiales, estas acciones impactan una capacidad de extracción de aproximadamente 24.000 gramos de oro mensuales, lo que en el mercado ilegal representa cerca de $10.080 millones de pesos cada mes.
Golpe a las finanzas criminales
Las autoridades también indicaron que la operación afecta la cadena logística de estas actividades ilícitas, con pérdidas estimadas en $7.750 millones de pesos.
Adicionalmente, se estaría golpeando el sistema de financiación de estructuras armadas ilegales, que obtenían recursos mediante extorsión sobre la producción minera. Solo por este concepto, las pérdidas superarían los $1.500 millones de pesos mensuales.
Presunta relación con grupos armados
De acuerdo con la información entregada, estas actividades estarían vinculadas al GAO-r Frente Ismael Ruiz, grupo armado ilegal que tendría presencia en esta zona del departamento y que, según las autoridades, se beneficiaría de la minería ilícita para financiar sus operaciones.
Impacto ambiental y control territorial
Más allá del componente económico, el operativo busca frenar los daños ambientales generados por la explotación ilegal de recursos, especialmente en zonas rurales donde se han identificado afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas.
En los últimos años, la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de estructuras criminales en varias regiones del país, lo que ha llevado a intensificar los operativos conjuntos entre autoridades civiles y fuerza pública.
Rechazo a actos de alteración del orden público
Desde el Gobierno Departamental también se rechazaron posibles intentos de alterar el orden público mediante actos de presión contra la autoridad, en medio de este tipo de intervenciones.
Las autoridades reiteraron que continuarán adelantando operativos para combatir la minería ilegal y garantizar la seguridad en el territorio, en articulación con la fuerza pública y entidades competentes.
El caso evidencia la magnitud de las economías ilegales en el sur del Tolima y el impacto que estas tienen tanto en la seguridad como en el medio ambiente de la región.
