La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación que adelanta por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en la década de los noventa, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El proceso avanza por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Tras conocerse la decisión, Uribe rechazó la actuación de la Fiscalía y aseguró que se trata de una “injusticia de clara presión política”. Además, cuestionó a la fiscal encargada del caso, Marcela Abadía, por su paso por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la relacionó con sectores cercanos al senador Iván Cepeda.
La investigación tiene origen en expedientes que llegaron a la Fiscalía en septiembre de 2020, luego de que Uribe renunciara a su curul en el Senado, lo que provocó que la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia para seguir adelantando el proceso.
Uno de los casos está relacionado con la masacre de San Roque, ocurrida en 1996. Según investigaciones judiciales, los responsables habrían utilizado como centro de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez.
Otro expediente corresponde a las masacres de La Granja y El Aro, registradas entre 1996 y 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia. En esos hechos, grupos paramilitares asesinaron a más de 20 campesinos y provocaron el desplazamiento de cientos de familias bajo señalamientos de supuesta colaboración con la guerrilla.
Para la época de los hechos, Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
La investigación también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien había denunciado presuntos vínculos entre estructuras paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en la región, además de cuestionar la actuación de las autoridades frente a la violencia que afectaba a Ituango.
El homicidio de Valle fue declarado como un crimen de lesa humanidad por las autoridades judiciales.
Tras conocerse la citación a indagatoria, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso e invitó al exmandatario a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Según Petro, esa decisión permitiría avanzar en el esclarecimiento de los hechos y contribuir a la verdad sobre el conflicto armado.
La nueva actuación judicial se conoce pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por su responsabilidad en delitos relacionados con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
