La Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 5 de agosto la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario de la Fundación San José, dentro del proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Ambos fueron imputados en marzo de este año y no aceptaron los cargos. Posteriormente, el ente acusador radicó el escrito de acusación el pasado 26 de junio.
El proceso está relacionado con las presuntas irregularidades en la expedición del título de contadora pública de Juliana Guerrero, documento con el que buscó acreditar los requisitos para asumir como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad.
De acuerdo con la investigación, en la primera versión de su hoja de vida Guerrero únicamente registraba un técnico en gestión contable, sin contar con un título profesional, requisito exigido para ocupar el cargo.
Sin embargo, dos semanas después actualizó la información y apareció registrada como profesional en Contaduría Pública, con un diploma expedido por la Fundación San José.
Las presuntas irregularidades
Según la Fiscalía, Guerrero no cumplía con los requisitos para obtener el título profesional, ya que no habría presentado las pruebas Saber Pro, exigidas por el Icfes para graduarse.
El ente investigador sostiene que Luis Carlos Gutiérrez habría consignado información falsa en los documentos expedidos por la institución educativa, mientras que Guerrero conocía las presuntas irregularidades y aun así utilizó esos soportes para acreditar su formación académica ante el Gobierno Nacional.
“Ella lo sabía y, aun así, decidió de manera libre y voluntaria anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al Ministerio de Igualdad“, señaló la Fiscalía durante el proceso.
La audiencia de acusación quedó programada para el 5 de agosto, dos días antes de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro.
El jefe de Estado ha defendido públicamente a Guerrero y ha sostenido que “no se le ha comprobado que no estudió”, además de afirmar que nunca ejerció como funcionaria pública.