El senador Iván Cepeda lanzó duras críticas contra el presidente electo Abelardo De la Espriella, luego de que este anunciara su intención de eliminar varias dependencias de la Presidencia relacionadas con la implementación de la paz y los derechos humanos.
“Es el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz“, escribió Cepeda en su cuenta de X al referirse a la propuesta del mandatario electo.
De la Espriella aseguró que busca convertir la Presidencia en un “centro de coordinación ejecutiva”, por lo que eliminaría varias oficinas que, según su criterio, duplican funciones dentro del Estado.
Entre las dependencias mencionadas se encuentran:
- La Consejería para la Reconciliación.
- La Consejería para los Derechos Humanos.
- La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
- La figura del Alto Comisionado para la Paz.
Aunque inicialmente también mencionó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), posteriormente integrantes de su equipo aclararon que ese tribunal no será desmontado.
Según el presidente electo, las funciones de estas dependencias serían trasladadas a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que cualquier reforma preserve las funciones de protección de derechos y construcción de paz.
Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal aseguró que la propuesta busca “desmantelar la institucionalidad de paz”, mientras que el exministro Juan Fernando Cristo manifestó su preocupación por el alcance de las reformas anunciadas.
En contraste, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, defendió la iniciativa y sostuvo que el Gobierno pretende reducir la estructura estatal.
“Hay que cortar la grasa, el gasto público malo, perverso; no el bueno, que es el que ayuda a los colombianos”, afirmó.
¿Puede desaparecer la JEP?
Aunque De la Espriella incluyó inicialmente a la JEP dentro de los cambios, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, aclaró recientemente que el Gobierno no tiene previsto desmontar ese tribunal.
La Jurisdicción Especial para la Paz hace parte del Acuerdo de Paz de 2016 y cuenta con respaldo constitucional a través del Acto Legislativo 02 de 2017, por lo que su eventual eliminación requeriría una reforma constitucional y podría generar implicaciones frente a organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Con este anuncio, el presidente electo abrió uno de los primeros debates sobre el futuro de la institucionalidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz, una discusión que marcará el inicio de su gobierno a partir del próximo 7 de agosto.
