El decreto con el que el presidente Gustavo Petro ordenó reducir el salario de los congresistas comenzó a enfrentar una ofensiva jurídica que busca dejar sin efecto la medida antes de que entre en plena vigencia.
La decisión, expedida en enero de 2026 en medio de la campaña presidencial, eliminó la prima especial de servicios de los legisladores, lo que reducirá sus ingresos desde el próximo 20 de julio.
Con el cambio, los congresistas dejarán de recibir cerca de $32 millones netos mensuales y pasarán a devengar aproximadamente $22 millones, tras las respectivas deducciones.
Además del impacto en sus ingresos, el Gobierno estima que la medida generaría un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas públicas.
Seis demandas buscan anular el decreto
La norma ya enfrenta seis demandas ante el Consejo de Estado, cuyos demandantes sostienen que el Gobierno excedió sus competencias, afectó el régimen salarial de otros altos funcionarios e incluso actuó por motivaciones políticas contra el Congreso.
El alto tribunal avanza en el estudio de las acciones judiciales que pretenden suspender o anular el decreto.
Entre quienes presentaron las demandas figuran abogados con vínculos con el Congreso y contratistas de esa corporación.
Uno de ellos es Francisco Javier Araujo, abogado del senador conservador Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
También aparece Antonio Luis García, contratista de la Secretaría General del Senado, quien presta asesoría jurídica en asuntos legislativos.
El tercer demandante es Víctor Velásquez Pérez, exsenador y abogado que ha promovido diversas demandas contra decretos del Gobierno Nacional.
La prima que eliminó el Gobierno
La reducción salarial obedece a la eliminación de la prima especial de servicios, creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos para compensar decisiones judiciales que habían eliminado otros beneficios salariales de los congresistas.
Esa prima representa cerca de $18 millones mensuales, casi una tercera parte de la remuneración total de los legisladores.
Desde el 20 de julio, el salario bruto de un congresista quedará compuesto por:
- Salario básico: $13,3 millones.
- Gastos de representación: $23,6 millones.
Con la eliminación de la prima especial, el ingreso bruto disminuye y, tras descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y otros aportes, el ingreso neto se reduciría en cerca de $10 millones mensuales.
El nuevo Gobierno también deberá fijar posición
El futuro del decreto también dependerá de la postura que adopte el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.
Aunque durante años distintos sectores políticos promovieron iniciativas para reducir los salarios de los congresistas, ninguna prosperó en el Congreso. Ahora, el nuevo Gobierno deberá decidir si defiende o no la medida impulsada por la administración de Gustavo Petro mientras el Consejo de Estado resuelve las demandas que buscan dejarla sin efectos.
