La Corte Suprema de Justicia dio un golpe de fondo en uno de los mayores escándalos de contratación de los últimos años: condenó en primera instancia a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez, por su participación en el entramado de corrupción conocido como “Marionetas II”.
El alto tribunal lo halló culpable de concierto para delinquir agravado, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, al considerar probado que entre 2020 y 2022 hizo parte de una red que direccionó al menos 15 contratos por cerca de $90 mil millones en cinco departamentos, a través del Departamento de Prosperidad Social, durante el gobierno de Iván Duque.
La decisión revive el caso de “Marionetas II”, que salpica a varios actores políticos y administrativos. Ramírez había permanecido detenido en La Picota por un año y cuatro meses, tras su captura en diciembre de 2023, hasta que en 2025 la misma Corte ordenó su libertad al considerar que no interfería en el proceso.
Según la sentencia, el senador no solo habría participado en esos contratos, sino que también estaría vinculado a otros 13 negocios y, presuntamente, exigía coimas cercanas al 10% del valor de cada adjudicación.
En el expediente también aparece el nombre de Pierre García, exdirector del DPS, imputado por estos hechos, así como el de Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, quien se convirtió en pieza clave del caso. En su testimonio, Herrera confesó haber direccionado contratos por más de $70 mil millones en Quindío y Tolima, y aseguró que entregó sobornos a Ramírez a cambio de facilitar los procesos.
El fallo, aunque aún no está en firme, marca un precedente político y judicial en plena coyuntura electoral, y vuelve a poner sobre la mesa el uso de entidades sociales para la contratación direccionada.
