El Gobierno eliminó la prima de servicios que recibían los congresistas y que representaba cerca de 16 millones de pesos adicionales a su salario mensual. La medida, adoptada mediante decreto del Ministerio de Hacienda, comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2026, con el inicio del próximo periodo legislativo.
En el documento se argumenta que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos y a la actual realidad económica del país.
Desde el Ejecutivo se explicó que la decisión apunta a reducir los costos de funcionamiento del Estado. No obstante, el impacto fiscal será limitado: el ahorro mensual no superaría los 4.500 millones de pesos. Para el Ministerio de Trabajo, la eliminación de la prima constituye un acto de “justicia social” en medio del aumento del salario mínimo que fue criticado por algunos congresistas de oposición.
La prima de servicios fue creada en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y equivalía a cerca de 15 millones de los aproximadamente 48 millones de pesos que devengaban los congresistas. Su origen estuvo ligado a decisiones del Consejo de Estado que habían eliminado beneficios salariales similares vigentes desde 1992.
El debate por los altos salarios de los legisladores no es nuevo. Desde la Constitución de 1991 se ha intentado poner límites a estas remuneraciones. En la Asamblea Nacional Constituyente se propuso fijar un tope de 25 salarios mínimos, iniciativa que no prosperó. Años después, en 2018, la Consulta Anticorrupción volvió a abrir la discusión: más de 11 millones de colombianos votaron a favor de congelar los salarios del Congreso, aunque la propuesta no alcanzó el umbral por cerca de 400 mil votos.
El decreto expedido durante el gobierno de Gustavo Petro llega tras una prolongada resistencia del Congreso. En la última década, más de 20 proyectos que buscaban reducir el salario de senadores y representantes fueron archivados, entre cuestionamientos jurídicos y la oposición de los propios legisladores.
Con el decreto en firme, la única opción que sea revertido es que algún ciudadano interponga una demanda ante el Consejo de Estado.
Conozca el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro:
