El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la condena de 10 años de prisión contra Iván David Hernández Guzmán, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., por irregularidades en la celebración de contratos relacionados con la dotación de equipos médicos para la Unidad de Cuidado Crítico de la institución.
La decisión judicial también ratificó la responsabilidad de Hernán Moreno Herrán, excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico del hospital, quienes fueron hallados responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados ocurrieron entre 2009 y 2011, periodo en el que se adelantaron varios procesos contractuales destinados a la adquisición de equipos especializados para fortalecer los servicios de atención crítica del hospital.
La investigación estableció que inicialmente se suscribió un contrato para la dotación de equipos médicos con una opción de compra después de 60 meses por un valor de $208.800.000. Posteriormente, entre 2010 y 2011, se adicionaron dos contratos adicionales por una cuantía superior a $2.600 millones, los cuales debían ejecutarse en un plazo de cinco años con prórrogas anuales.
Según la Fiscalía, durante la ejecución de estos contratos se comprometieron vigencias futuras sin contar con el debido sustento presupuestal ni legal, lo que configuró el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Asimismo, dentro del proceso se evidenció que los contratos fueron adjudicados de manera directa y no mediante un proceso de licitación pública, como lo establece la normativa vigente para este tipo de contrataciones en entidades públicas.
También se determinó que el análisis de conveniencia del contrato fue elaborado por Hernán Moreno Herrán, quien posteriormente fue designado como supervisor del mismo.
Con la decisión del Tribunal Superior de Ibagué se confirma la sentencia emitida en primera instancia dentro de este proceso judicial.
Frente a esta determinación proceden los recursos de ley, conforme a lo establecido en la legislación colombiana.
