El exintegrante del ELN y las disidencias de las Farc fue imputado por ataques contra la Fuerza Pública y líderes sociales. La Fiscalía le atribuye al menos 61 muertes en la región entre 2020 y 2025.
La justicia colombiana dio un paso significativo en el esclarecimiento de la violencia que ha azotado al departamento de Arauca en los últimos años. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Maycoll Isnardo Enciso Bejarano, conocido en el bajo mundo como ‘Alias Barbas’, a quien se le atribuye una estela de sangre con al menos 61 homicidios.
Una trayectoria entre dos estructuras armadas
Según las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Enciso Bejarano inició su trayectoria delictiva en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para luego migrar al autodenominado frente 10 de las disidencias de las Farc. En ambas estructuras, habría operado bajo el rol de sicario, ejecutando órdenes que desestabilizaron la seguridad de la región y sembraron el terror en comunidades rurales.
El ataque a la Fuerza Pública en Arauquita
Uno de los capítulos más sangrientos que se le imputan ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en la vereda La Esmeralda, en el municipio de Arauquita. En ese incidente, una patrulla del Ejército Nacional fue emboscada con artefactos explosivos improvisados (conocidos regionalmente como ‘tatucos’).
El ataque dejó un saldo devastador: un sargento y seis soldados fallecidos, siete uniformados más heridos y el hurto de 14 fusiles de dotación oficial, hechos que la justicia ahora busca sancionar con todo el peso de la ley.
La violencia contra el liderazgo social
La acción criminal de ‘Alias Barbas’ no se limitó a los uniformados; también se cebó contra la sociedad civil. La investigación lo señala como coautor material del homicidio de Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera, en el municipio de Fortul.
Los hechos, ocurridos en octubre de 2022, describen cómo el sujeto y un cómplice llegaron a la finca de la víctima con la intención de secuestrarlo. Ante la situación, le dispararon y abandonaron el cuerpo sin vida en otro municipio, en un claro mensaje de intimidación.
Imputación de cargos y estado actual
Frente a la magnitud de los hechos, un fiscal de la UEI le imputó una amplia gama de delitos, incluyendo: homicidio agravado y en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, y tráfico de armas de fuego y municiones.
Durante la audiencia, el procesado se negó a aceptar los cargos. Permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario, sumándose a otras medidas de aseguramiento que ya pesaban en su contra por procesos anteriores.
