Siete personas fueron capturadas, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales, quienes estarían involucrados en una presunta estructura que simulaba exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una presunta estructura que habría utilizado exportaciones ficticias para ingresar a Colombia más de $425.000 millones de posible origen ilícito, haciéndolos pasar como pagos por ventas de productos al exterior.
De acuerdo con las autoridades, entre 2020 y 2023 se habrían registrado cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, en Nariño, pese a que las mercancías nunca habrían cruzado la frontera.
En el presunto entramado estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras figuraban como exportadoras, mientras que la segunda se encargaba de tramitar las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.
La Fiscalía señaló que funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en Ipiales, habrían certificado falsamente la salida de las mercancías. Con estos documentos, recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú habrían ingresado al país como reintegros por las supuestas exportaciones.
Siete personas fueron capturadas
Como resultado de la investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, se hicieron efectivas siete órdenes de captura en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño.
Entre los detenidos se encuentran Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras.
También fueron capturados Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar la salida de las mercancías.
Los siete procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien declaró la legalidad de los procedimientos de captura.
Posteriormente, la Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, así como falsedad ideológica en documento público.
Adicionalmente, la información recopilada durante la investigación fue remitida a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades investigadas.
La investigación busca establecer el alcance de las operaciones y las responsabilidades individuales de los implicados.
