Las autoridades judicializaron a 17 personas, entre ellas cinco guardianes del INPEC, por facilitar el ingreso de celulares a la cárcel El Barne. La red operaba a nivel nacional, representando una amenaza directa también para los habitantes del departamento.
Ibagué, Tolima. 20 de julio de 2026.
En un golpe significativo a la criminalidad que opera tras las rejas, las autoridades desmantelaron una red de extorsiones que tenía su centro de operaciones en el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita (Boyacá). En total, 17 personas fueron judicializadas, entre ellas cinco guardianes (dragoneantes) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), acusados de facilitar el ingreso de teléfonos celulares para que los privados de la libertad ejecutaran estafas y amenazas contra ciudadanos de diferentes ciudades del país, incluyendo a residentes del Tolima, quienes son blanco frecuente de esta modalidad delictiva.
El modus operandi: una cadena criminal bien estructurada
La investigación reveló un esquema delictivo con roles claramente definidos. Mientras algunos integrantes se dedicaban a recopilar información sensible de las víctimas (como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares), otros se encargaban de filtrar estos datos al interior de la cárcel.
Entre enero y diciembre de 2025, desde distintos pabellones de El Barne, los reclusos realizaban numerosas llamadas con “agenda en mano”. Haciéndose pasar por miembros de estructuras armadas organizadas, exigían giros y consignaciones bajo amenazas de muerte o de afectar el patrimonio de las familias tolimenses y del resto del país.
La complicidad desde adentro
El eslabón más crítico de esta cadena era la supuesta complicidad de funcionarios públicos. Cinco dragoneantes del INPEC, identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez, fueron señalados de omitir sus funciones de custodia. Según la investigación, estos guardianes habrían permitido el ingreso de los dispositivos móviles y otros artículos necesarios para que la actividad delictiva no se detuviera.
Un operativo de alcance nacional
La captura de los implicados fue el resultado de diligencias coordinadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en múltiples frentes. Los operativos se ejecutaron simultáneamente en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Aunque las capturas no se concentraron exclusivamente en el Tolima, las autoridades enfatizan que el alcance de esta red era nacional. Para el departamento del Tolima, este desmantelamiento representa un alivio significativo, ya que la “falsa vía” y las extorsiones telefónicas suplantando a grupos armados han sido una de las principales preocupaciones de seguridad para comerciantes, ganaderos y familias de la región en los últimos años.
Situación jurídica de los implicados
Un fiscal del GAULA de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a las 17 personas el delito de extorsión agravada, cargo que fue rechazado por los detenidos en la audiencia de legalización de captura.
Por disposición del juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural de inmediato. Los demás implicados, incluidos los otros cuatro guardianes, seguirán vinculados a la investigación mientras se define su situación jurídica.
