Con una votación de 6 a 2, la Corte Constitucional declaró inexequible la primera emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, medida que había sido adoptada tras el hundimiento de su reforma tributaria a finales del año pasado.
La decisión del alto tribunal también dejó sin efecto los decretos que creaban nuevos impuestos. Los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, ambos cercanos al Gobierno, salvaron parcialmente su voto.
El Ejecutivo había justificado la declaratoria de emergencia por una “inminente crisis fiscal”, derivada del fracaso de la reforma tributaria y de obligaciones de gasto que no pueden recortarse, como el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud.
En un hecho poco común, la Corte ya había suspendido previamente el decreto al encontrar una “ostensible violación de la Carta Política”, argumentando que no existían condiciones que justificaran una medida excepcional de este tipo.
A pesar de la suspensión, el Gobierno alcanzó a recaudar cerca de $1,6 billones. Según el Ministerio de Hacienda, hasta el 29 de enero —cuando se frenó el decreto— ya se había recogido alrededor del 10 % de los $16 billones proyectados.
Durante el proceso, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación respaldaron parcialmente la medida, especialmente en lo relacionado con garantizar recursos para la salud.
Sin embargo, el presidente Petro ya abre la puerta a una nueva emergencia económica. En una reciente alocución, cuestionó el aumento de tasas del Banco de la República, señalando que ha impactado las proyecciones de crecimiento para 2026, y advirtió que, si las medidas anunciadas no son suficientes, el Gobierno podría escalar nuevamente a un estado de excepción.
