Un nuevo capítulo judicial se cierra en el desfalco histórico de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a 9 años y 5 meses de prisión al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, tras demostrar su responsabilidad penal en el direccionamiento de dos contratos de interventoría para la construcción de las obras deportivas de la ciudad.
La sentencia, que quedó en firme, constituye una condena ejemplar en la lucha contra la corrupción en la administración pública regional.
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima, el exmandatario se interesó indebidamente en dos concursos de méritos que buscaban vigilar y auditar la ejecución de las obras del Parque Deportivo y de la Unidad Deportiva de la calle 42.
El modus operandi incluyó la alteración de los pliegos de condiciones y la delegación de funciones a terceros.
El exalcalde Rodríguez Ramírez delegó en el entonces director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y otros funcionarios las facultades para adelantar la contratación, garantizando que los procesos fueran direccionados hacia una firma específica con la que previamente se concertó un porcentaje de comisión. Para asegurar la adjudicación al consorcio favorecido, la administración ajustó de forma irregular los requisitos de experiencia, personal calificado, formas de pago y condiciones habilitantes.
Bajo estas maniobras, los contratos de interventoría se firmaron entre marzo y abril de 2015 por valores aproximados de $1.805 millones y $3.575 millones, respectivamente.
La sanción penal e institucional
Por estos hechos, el exalcalde de Ibagué fue hallado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Además de cumplir la pena privativa de la libertad de 113 meses en centro carcelario, el juez de la causa le impuso a Luis H. Rodríguez una sanción económica correspondiente a una multa de 249,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
