El Gobierno estudia adaptar un buque de la Armada para trasladar a internos de alto perfil señalados de continuar manejando estructuras criminales desde las cárceles. La estrategia incluiría inicialmente a 40 cabecillas.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en una estrategia para aislar a los principales cabecillas de organizaciones criminales que, según las autoridades, continúan extorsionando y dando órdenes desde las cárceles.
La propuesta contempla habilitar un buque de la Armada Nacional para que funcione como centro de reclusión de alta seguridad en medio del mar. El proyecto es adelantado por los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el Inpec, y tendría como objetivo cortar las comunicaciones y el control que algunos jefes criminales mantienen sobre sus estructuras desde los centros penitenciarios.
La iniciativa fue denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad y, según la información conocida, el Inpec ya entregó al Gobierno una lista inicial de 40 cabecillas que podrían ser trasladados a este modelo de reclusión.
Entre los nombres aparecen alias Marihuano y Carnal, señalados en Santander; Robincito, relacionado con estructuras criminales en Magdalena; Juanito, mencionado en investigaciones en Meta; y Cabeza de Hacha, Chucho Rayo y Tinejo, vinculados a casos de extorsión en el Tolima.
La propuesta se conoció después de que De la Espriella destacara el traslado de 20 integrantes de estructuras criminales de Barranquilla a Bogotá. El mandatario aseguró que su Gobierno busca acabar con el control criminal desde las cárceles y con las denominadas “oficinas del delito”.
La idea tiene antecedentes en Colombia. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, fueron trasladados temporalmente a buques de la Armada para mantenerlos aislados.
El modelo también ha sido planteado en otros países de la región. El Gobierno de Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, anunció una estrategia similar con barcos prisión, aunque el proyecto tampoco se ha concretado plenamente.
En Colombia, la Dirección General Marítima (Dimar), por encargo del Ministerio de Defensa, tendría a su cargo la implementación de la iniciativa.
Sin embargo, el proyecto enfrenta posibles obstáculos jurídicos. Entre ellos está el derecho al arraigo de las personas privadas de la libertad, que contempla sus vínculos familiares, sociales y territoriales, por lo que el Gobierno deberá definir el marco legal que permitiría trasladar a los internos a una instalación penitenciaria marítima.
El llamado “buque cárcel” hace parte de la política de seguridad que De la Espriella prometió durante la campaña y que contempla un plan de choque de 90 días. Entre sus principales metas están reducir los homicidios, combatir los cultivos de coca y capturar o neutralizar a cabecillas de alto valor.
