Doce presuntos integrantes de esta estructura criminal fueron judicializados por hurtar al menos 11 motos en el norte de la ciudad y exigir millonarios rescates a sus propietarios, generando un perjuicio económico superior a los 265 millones de pesos.
Ibagué, Tolima. 20 de julio de 2026.
Un contundente golpe a la delincuencia organizada en la capital tolimense. La Fiscalía General de la Nación judicializó a doce presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Nórdicos’, una estructura que operaba en el norte de Ibagué dedicada al hurto de motocicletas y a la posterior extorsión de sus propietarios a cambio de la devolución de los vehículos.
Un modus operandi calculado en el norte de la ciudad
Según la investigación adelantada por la Unidad de Hurtos, con apoyo de la Policía Nacional, la banda operó entre octubre de 2025 y junio de 2026 con una metodología precisa y escalonada. Sus blancos principales eran las comunas 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de Ibagué.
Tras identificar las motocicletas estacionadas en la vía pública, los presuntos delincuentes violentaban los sistemas de encendido utilizando herramientas artesanales. Una vez arrancadas, trasladaban los vehículos a inmuebles seguros donde los ocultaban. Allí, las motos quedaban a la espera de que sus dueños pagaran el rescate; de lo contrario, eran desmanteladas para comercializar sus autopartes en el mercado negro.
La extorsión como modelo de negocio
El núcleo de la actividad criminal no era solo el robo, sino la extorsión. Una vez obtenían los datos de los propietarios, los integrantes de la banda los contactaban telefónicamente para exigirles sumas que oscilaban entre los 4 y 6 millones de pesos.
En total, se les atribuye el hurto de 11 motocicletas, el robo de una cadena de oro y la consumación de siete extorsiones exitosas, lo que generó un perjuicio económico a la comunidad ibaguereña estimado en 265 millones de pesos.
Respuesta de la justicia y medidas de aseguramiento
Tras un operativo de captura coordinado en Ibagué, los doce implicados fueron puestos a disposición de la justicia. Durante la audiencia de legalización de captura, un fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, ambas conductas agravadas por la cuantía y la modalidad delictiva. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Como resultado de la audiencia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural a ocho de los implicados, mientras que los otros cuatro quedaron sujetos a detención domiciliaria. La investigación continúa para determinar si esta estructura tiene vínculos con otras bandas dedicadas al microtráfico o al hurto en otras zonas del departamento.
