Un confuso y polémico incidente se registró en la tarde del domingo 6 de julio en la ciudad de Ibagué, durante un operativo de control de movilidad adelantado por agentes de tránsito en el sector del puente de Progal, sobre la avenida Ambalá con calle 103. En medio del procedimiento, un veedor ciudadano fue arrollado por un funcionario motorizado, justo cuando intentaba auxiliar a un motociclista que había caído segundos antes.
El hecho quedó registrado en video por varios testigos que se encontraban en la zona. En las imágenes, que ya circulan ampliamente en redes sociales, se observa cómo el funcionario, conduciendo una motocicleta oficial, embiste al veedor, quien se acercaba al lugar del accidente. Según testimonios, la caída del motociclista ocurrió tras un intento de detención por parte de otra agente que se habría atravesado en la vía.
El ciudadano afectado resultó con una aparente lesión en una rodilla y fue atendido en el lugar por personas del sector. La situación generó malestar entre quienes presenciaron el operativo, quienes expresaron su descontento frente al accionar de los agentes, cuestionando el uso de la fuerza y la manera en que fue manejado el procedimiento.
La comunidad ha exigido una respuesta clara y oportuna por parte de las autoridades, ante lo que consideran un exceso de fuerza e imprudencia en el desarrollo de operativos de control. Este hecho ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde ciudadanos han compartido opiniones divididas y pedidos de justicia.
Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad de Ibagué no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se anuncie la apertura de una investigación interna, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y tomar las acciones necesarias si se confirma alguna irregularidad.
Este caso se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos sobre los protocolos y la formación del personal encargado de hacer cumplir las normas de tránsito en la ciudad. La ciudadanía insiste en la necesidad de garantizar operativos seguros, proporcionales y respetuosos de los derechos ciudadanos.