El presidente Gustavo Petro anunció este lunes, a través de sus redes sociales, que firmó el decreto que convoca a una consulta popular para el 7 de agosto de 2025, y lo remitió a la Corte Constitucional para su revisión. Según explicó, la única forma de evitar esta convocatoria sería que el Congreso responda favorablemente a los puntos planteados en el texto de la consulta, reafirmando que la iniciativa obedece al ejercicio de la soberanía popular.
El decreto establece que la ciudadanía será consultada en todo el territorio nacional y que, desde su entrada en vigor hasta el 6 de agosto de 2025, se podrán adelantar campañas por el “sí”, el “no” o la abstención. Además, ordena a la organización electoral garantizar la transparencia, legalidad y normal desarrollo del proceso, conforme a la Constitución y las leyes estatutarias que rigen los mecanismos de participación ciudadana.
Sin embargo, la decisión presidencial ha generado un inmediato rechazo en sectores del Congreso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la medida como un “despropósito” y aseguró que, de concretarse, será demandada. Cepeda recordó que el Senado ya negó previamente la consulta, y afirmó que no ve viabilidad legal para que el registrador convoque a los ciudadanos, dado el precedente legislativo.
Este anuncio marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, reabriendo el debate sobre los límites del poder presidencial y el papel del Congreso como órgano deliberante. La Corte Constitucional ahora tendrá la última palabra sobre la viabilidad jurídica de esta consulta que, de aprobarse, podría tener implicaciones significativas para el futuro político del país.