Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres señalados de asesinar a Wilber Ferney Martínez Sana, funcionario del cuerpo de custodia de la cárcel La Paz de Itagüí. El crimen se suma a una ola de violencia que ha dejado más de 20 funcionarios penitenciarios asesinados en los últimos años.
Redacción Tolima en Grande | Miércoles, 20 de agosto de 2026
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, señalados de ser los presuntos responsables del asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Wilber Ferney Martínez Sana, ocurrido el pasado 13 de agosto en el barrio San Francisco de Itagüí, en inmediaciones de la cárcel La Paz.
La víctima, de 32 años y oriundo de Paipa, Boyacá, se dirigía a cumplir su turno como integrante del cuerpo de custodia del centro penitenciario cuando fue atacada con arma de fuego provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza. El ataque ocurrió hacia las 6:50 de la mañana, cuando el funcionario se encontraba de espaldas y en estado de indefensión, según reveló la investigación.
La reconstrucción del crimen
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos procesados llegaron en un taxi al lugar escogido para perpetrar el ataque. Arenas Torres es señalado de ser quien disparó contra el dragoneante, mientras que Patiño Garzón habría conducido el vehículo utilizado para trasladarse y posteriormente huir.
Unidades de la Policía Nacional lograron la captura de ambos sujetos minutos después del crimen en el barrio Guayabal de Medellín, tras una persecución que permitió la incautación del taxi y del arma de fuego utilizada en el atentado.
Imputación de cargos y medida de aseguramiento
Durante las audiencias realizadas, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ambas conductas agravadas. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Una crisis de seguridad que no cesa
El asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana se enmarca en una alarmante ola de violencia contra los funcionarios del INPEC en Colombia. Según cifras de la institución y de organizaciones sindicales, entre 2023 y 2026 se han presentado más de 1.100 amenazas, 58 atentados y al menos 20 asesinatos de guardias penitenciarios en todo el territorio nacional.
Las estructuras criminales han enfocado sus ataques contra los funcionarios que intentan mantener el control dentro de los centros penitenciarios, buscando neutralizar las acciones de vigilancia y requisas que afectan sus actividades ilegales al interior de las cárceles.
La cárcel La Paz de Itagüí, en el ojo del huracán
El crimen se produce en medio de una compleja situación de orden público y de gestión penitenciaria que rodea a la cárcel La Paz de Itagüí. Este centro penitenciario ha sido protagonista en los últimos meses de varios hechos que han generado controversia nacional:
· En abril de 2026, se registró una polémica fiesta al interior del penal, que derivó en la suspensión sin sueldo de 11 funcionarios del INPEC.
· Se presentaron amenazas de fuga masiva que obligaron a adoptar medidas extraordinarias de seguridad.
· El propio presidente de la República advirtió sobre posibles hechos de corrupción al interior del establecimiento.
· El Concejo de Medellín realizó una sesión extraordinaria tras amenazas contra corporados que denunciaron irregularidades en la cárcel.
Llamado a garantías de seguridad
Organizaciones sindicales y gremiales del INPEC han venido exigiendo al Gobierno Nacional mayores garantías de seguridad para los funcionarios penitenciarios, quienes diariamente arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber. El asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana, quien apenas se disponía a iniciar su jornada laboral, se convierte en un nuevo recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan quienes custodian a los internos más peligrosos del país.
La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la planificación de este crimen, así como los posibles móviles detrás del ataque al funcionario
