Apenas una hora después de inaugurada la sede del Pacto Histórico en el barrio La Floresta, en Medellín, aparecieron los primeros hechos de vandalismo. Desconocidos lanzaron pintura roja contra un afiche con el rostro del candidato presidencial Iván Cepeda. La acción no solo afectó la pieza publicitaria: también salpicó fachadas de casas y locales cercanos.
Desde la campaña, Gerardo Vega elevó un llamado a las autoridades para que se garanticen condiciones mínimas en el ejercicio político. “Se requiere protección para la libre expresión”, insistió. Al rechazo se sumó el senador Ariel Ávila, quien recientemente aterrizó en esa campaña en medio de tensiones internas dentro de la Alianza Verde.
El episodio no ocurre en el vacío. Se suma a una cadena de hechos recientes que tienen como blanco a distintos aspirantes. En los últimos días, la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella también han denunciado amenazas. Incluso, el fin de semana circuló en redes una imagen con una corona fúnebre acompañada de los nombres y rostros de varios candidatos. En paralelo, la sede del Centro Democrático en Bucaramanga fue objeto de actos vandálicos con mensajes ofensivos.
El trasfondo es más delicado de lo que parece. Hace apenas un año, el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado en medio de un acto político, un hecho que marcó la discusión sobre garantías y seguridad en campaña.
En respuesta a este panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el refuerzo de los esquemas de protección. La medida contempla hasta 30 integrantes de la Fuerza Pública y cinco vehículos por cada candidato presidencial.
