Procuraduría prende alarmas por retrasos e irregularidades en obras del Parque Centenario

La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas por el retraso en las obras de adecuación del Parque Centenario, tras constatar que el proyecto apenas alcanza un avance del 48,89 %, pese a que el plazo contractual venció el pasado 10 de diciembre de 2025, situación que obligó a una prórroga de cuatro meses.

Durante una visita técnica y una mesa de trabajo en la que participaron veedurías ciudadanas, colectivos y comunidad, el Ministerio Público identificó una serie de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato. Entre los principales hallazgos se encuentra la falta de publicaciones obligatorias en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), lo que afecta la transparencia del proceso.

El ente de control también evidenció posibles incumplimientos en el pago de salarios a los trabajadores del Consorcio Centenario 2025, así como la reducción de las jornadas laborales, que inicialmente habían sido planteadas como turnos continuos de 24 horas. A esto se suma la presencia de escombros y materiales de construcción al interior del parque, los cuales podrían generar impactos ambientales negativos sobre el ecosistema del sector.

Estas observaciones fueron trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, instancia a la que la Procuraduría exhortó a adoptar correctivos inmediatos para evitar mayores afectaciones en la obra y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, durante la diligencia se advirtieron posibles riesgos para la seguridad en el área intervenida, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó al comandante de la Policía del municipio y al secretario de Gobierno implementar acciones urgentes que garantizar la seguridad de quienes transitan por los corredores viales aledaños a la obra.

La Procuraduría aclaró en su comunicado que esta actuación se enmarca en una labor preventiva y de control de gestión, respetando la autonomía administrativa de las autoridades territoriales, quienes deberán informar y documentar las medidas adoptadas frente a los hallazgos detectados.

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